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Dirección del Trabajo. Cuaderno de Investigación Nº54: La extensión de beneficios, Una práctica que afirma el desequilibrio en las relaciones laborales.

La negociación colectiva, junto con el sindicato, es una institución vertebral del sistema de relaciones laborales, en cuanto posibilita la relación entre partes cuyo poder original es muy desigual, legitima la demanda de los trabajadores sobre el producto colectivo, aporta estabilidad al funcionamiento de la economía y contribuye al entendimiento, muchas veces en peligro, entre empleadores y trabajadores.

Si bien el sentido medular que esta institución cumple es siempre el mismo, su regulación legal admite modalidades según los objetivos específicos que se quiera alcanzar. Los formatos legales para negociar colectivamente presentan importantes diferencias entre países y han tenido variaciones no menores a través del tiempo. Se reconocen distintos “modelos” de negociación colectiva, que responden a las particularidades en el desarrollo social y político de los países y regiones. Sin embargo, se han fijado ciertos parámetros organizativos que facilitan la relación entre las partes en la consecución de aquellos objetivos a los que buena parte del mundo atribuye valor.

Este texto incursiona en la negociación colectiva al interior de las empresas, para abordar específicamente una institución particular que con frecuencia opera, la “extensión de beneficios” obtenidos en una negociación colectiva, a trabajadores que no participaron en ese proceso. Es una institución que existe en la ley chilena desde el año 1979, como parte del Plan Laboral del gobierno militar y que, con modificaciones, se ha mantenido hasta hoy.

La extensión de beneficios está regulada en el artículo 346 del Código del Trabajo, cuyo texto dice: Los trabajadores a quienes el empleador les hiciese extensivos los beneficios estipulados en el instrumento colectivo respectivo para aquellos que ocupen cargos o desempeñen funciones similares, deberán aportar al sindicato que hubiese obtenido dichos beneficios, un setenta y cinco por ciento de la cotización mensual ordinaria durante toda la vigencia del contrato y los pactos modificatorios del mismo, a contar de la fecha que éste se les aplique. Si estos los hubiere obtenido más de un sindicato, el aporte irá a aquél que el trabajador indique; si no lo hiciese, se entenderá que opta por la organización más representativa.

El monto del aporte al que se refiere el inciso precedente, deberá ser descontado por el empleador y entregado al sindicato respectivo del mismo modo previsto por la ley para las cuotas sindicales ordinarias y se reajustará de la misma forma que éstas.

El trabajador que se desafilie de la organización sindical, estará obligado a cotizar a favor de ésta el setenta y cinco por ciento de la cotización mensual ordinaria, durante toda la vigencia del contrato colectivo y los pactos modificatorios del mismo. También se aplicará lo dispuesto en este artículo a los trabajadores que habiendo sido contratados en la empresa con posterioridad a la suscripción del instrumento colectivo, pacten los beneficios a que se hizo referencia”. Esta institución está hoy en tela de juicio, en el centro de la crítica al sistema de relaciones laborales chileno. Se cuestiona, principalmente, el gran poder que se le entrega al empleador, desatendiendo el equilibrio mínimo que debe asegurarse entre partes que negocian y toman acuerdos recurrentemente.

Pero más fuerte que ésta es la crítica que alerta sobre el potencial destructivo para la organización sindical que esta norma encierra. Tanto los dirigentes sindicales como algunos expertos laborales vienen mostrando que suele operar como un incentivo para que los trabajadores se desafilien: no necesitan ser parte del sindicato para mejorar sus condiciones de trabajo, porque la norma les permite acceder a beneficios que la negociación colectiva ha entregado y aunque ellos no han participado, en definitiva podrán aprovechar sus resultados.

No hay información precisa sobre la eficacia de esta norma, pero sí indicios de que su aplicación es significativa. La Encuesta Laboral que realiza el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo señala que en el año 2011, el 70,2 % de los empleadores que respondieron esta encuesta declaró que había extendido beneficios acordados en la negociación colectiva de su empresa, a trabajadores que no habían participado en dicha negociación. Según esta misma fuente, la extensión de beneficios tiene lugar en empresas de todo tamaño, cualquiera sea su giro, y en todas las regiones del país. Es, pues, una norma de amplia aplicación, lo cual confirma la necesidad de mejorar el diagnóstico del impacto que genera.

La pregunta sobre extensión de beneficios fue incluida también en la aplicación anterior de la encuesta Encla, el año 2008. La medición mostró, entonces, una cifra algo más baja, pero cercana a la recién expuesta: el 65% de los empleadores declaró que había extendido beneficios según el art. 346 del Código del Trabajo, esto es cinco puntos menos que en 2011. Y la distribución por tamaño de empresa también muestra algunas diferencias:

Proporción de empleadores que extendieron beneficios a trabajadores no participantes en la negociación colectiva de los instrumentos colectivos actualmente vigentes, sobre el total de empleadores con instrumentos vigentes, según tamaño de empresa y por año:

Extensión de beneficios de instrumentos colectivos vigentes (%)
Tamaño de empresa 2008 2011
Gran empresa 75,8% 65,2%
Mediana empresa 59,7% 70,8%
Pequeña empresa 60,7% 76,0%
Fuente: Encla 2008 y 2011.

Dentro del universo de empresas que extienden beneficios, la desagregación de los datos levantados por la Encla en el año 2011, muestra que la proporción de empleadores que extendieron beneficios es alta en los tres segmentos de empresa según tamaño: llega al 76,0% de las pequeñas empresas, al 70,8% de las medianas, y al 65,2% de las grandes

Esta práctica de extender beneficios es pues muy frecuente, especialmente en la gran empresa de todo el país y en todas las ramas de producción. La información da cuenta del importante poder que mantienen los empleadores para desbalancear el equilibrio entre las partes, que toda negociación laboral debiera preservar, especialmente si está autorizada por la ley.

El presente documento examina la eficacia de esta norma a través del comportamiento de los actores involucrados en la institución de extensión de beneficios. Para ello, recoge la experiencia y la opinión de empleadores y de dirigentes sindicales de empresas en las que efectivamente ha operado la institución del art. 346 del C. del Trabajo. Interrogó también a dirigentes de organizaciones sindicales más inclusivas, federaciones y confederaciones de algunos sectores.

Recoge además la opinión de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, cuyos dirigentes vienen, desde hace tiempo, formulando críticas al art. 346 del C. del Trabajo. Hoy demandan la eliminación de esta institución. E incluye, el análisis experto a través de la opinión de un abogado laboralista ajeno a la Dirección del Trabajo, que tiene un acabado conocimiento de esta institución, obtenido en el desempeño de su actividad profesional. Se recogió también información de abogados de la Dirección del Trabajo.